La medida también fue solicitada contra Humberto Abanto, investigado por este caso y abogado de Jaime Yoshiyama. Sin embargo, el juez Manuel Chuyo rechazó el pedido

El equipo especial del Ministerio Público realizó este martes el allanamiento de viviendas de un grupo de árbitros y dos ex funcionarios, investigados por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de fallos que habrían permitido a la empresa brasileña cobrar millones de dólares al Estado.

Fuentes de la fiscalía confirmaron a este Diario la ejecución de la orden judicial. La investigación del caso está a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. Los fiscales adjuntos de su despacho están realizando la diligencia en distintos distritos de Lima, con el apoyo de efectivos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional.

El Comercio pudo conocer que son 14 los inmuebles intervenidos. Están ubicados en los distritos de San Isidro, Lince, El Agustino, Surco, Punta Hermosa, Miraflores, Ate y La Molina.

Las propiedades pertenecen al ex procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jaime José Vales Carrillo, el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig y los árbitros Franz Nunzio Fernando Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narvaez y Randol Edgard Campos Flores, todos investigados por el Ministerio Público.

En mayo del 2018, la fiscalía amplió la investigación a un grupo de árbitros y a los ex funcionarios para determinar si es que favorecieron a Odebrecht a través de fallos que habrían permitido a la empresa brasileña cobrar millones de dólares al Estado. En su indagación preliminar, la fiscalía incluyó a 19 árbitros, entre ellos los mencionados en el párrafo anterior.

En la lista de estos árbitros investigados está Humberto Abanto, actual abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, acusado de lavar activos ilícitos de la empresa Odebrecht a través de la campaña electoral del partido de Keiko Fujimori.

Este Diario pudo conocer que el pedido de allanamiento de la fiscalía también fue solicitado para los inmuebles de Abanto y para el resto de investigados. Sin embargo, la solicitud no fue admitida por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios.

Para el Ministerio Público, los investigados “formarían parte de una organización ilícita”, ya que –dice la fiscalía– previamente a la formación de los tribunales, las tres partes –árbitros, MTC y empresa– se habrían reunido y concertado para determinar el procedimiento del arbitraje, así como el sentido de los fallos.

El abogado Horacio Cánepa, árbitro que emitió 17 laudos arbitrales a favor de la constructora brasileña, fue uno de los primeros investigados en este caso luego de que se conociera que Odebrecht le realizó un depósito por US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la empresa offshore Maxcrane Finance, constituida en Panamá.

FUENTE: Diario El Comercio

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