Pensemos por un momento en la imagen que se muestra en el encabezado. El personaje que protagoniza la escena, único habitante de una isla en la que sólo él cabe, tiene una necesidad que satisfacer, la de contar con instalaciones apropiadas para poder descansar. Para tal fin, define y ejecuta las acciones necesarias para contar con tales instalaciones. Entonces surgen varias preguntas ¿al contar con las instalaciones deseadas, el personaje habrá satisfecho su necesidad?, ¿al haber satisfecho su necesidad, podrá sentir bienestar o deleite en el uso de esas instalaciones?, ¿al contar con esas instalaciones y poder utilizarlas, se habrá producido un impacto positivo en su vida?

La Ley de Contrataciones del Estado, siguiendo una tendencia desde hace ya algunos años, declara que su finalidad es establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recurso públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Dicha declaración atañe una serie de conceptos de vital relevancia que en esencia tendrían que marcar el rumbo de la actuación de la administración gubernamental en la gestión del proceso de compra pública, entendido como un componente del abastecimiento estatal, motivo por el cual en este artículo desarrollaré el concepto de “valor público” y su importancia en las contrataciones del Estado.

En principio, debo puntualizar que el valor público es una especie dentro del género “valor”, creado a raíz de la implementación del nuevo modelo de gestión pública – o “New Public Managment”- como una nueva y mejor forma de administrar la “cosa pública”, incorporando a la gestión de los asuntos gubernamentales las herramientas de la administración empresarial.

El valor, en el contexto de la gerencia privada, se refleja en la obtención de mayores ganancias empleando la menor cantidad de recursos; es decir, el valor está estrechamente ligado al concepto de rentabilidad. Aquí surge el desafío para conceptualizar y medir al valor público, puesto que a diferencia de una empresa privada, la finalidad de las organizaciones públicas no es obtener ganancias.

En términos económicos, el valor puede definirse como el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite, definición que permite una mayor aproximación para entender cómo dicho concepto se hace tangible en la gestión pública, particularmente en las contrataciones del Estado.

“el valor público se materializa cuando la intervención estatal redunda en un impacto positivo en las condiciones de vida de la ciudadanía”

Así pues, el valor público se materializa cuando la intervención estatal redunda en un impacto positivo en las condiciones de vida de la ciudadanía, lo que el Estado logra, en el marco de la contratación estatal, cuando los bienes que adquiere, los servicios que contrata o las obras que ejecuta satisfacen una necesidad pública, proporcionando bienestar o deleite.

De otro lado, no hay que perder de vista que el valor está indisolublemente vinculado a la rentabilidad, la que se logra cuando éste se obtiene con la menor cantidad de recursos.

Esta peculiar relación impone la exigencia de utilizar los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes, la contratación de servicios o a la ejecución de obras en forma eficiente, fórmula que recoge la Ley de Contrataciones del Estado al señalar que éstas deben efectuarse “en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos”. En este orden de ideas, podemos concluir inequívocamente que una contratación pública eficiente es aquella que se concreta en la oportunidad debida y en las mejores condiciones posibles de calidad y precio.

No obstante, la materialización de la contratación a través de la suscripción del contrato, o inclusive con la ejecución de la prestación no garantiza en sí misma la obtención de valor público. Para graficar esta idea, quisiera que volvamos a la imagen del personaje en la isla, quien desea contar con una hamaca para poder descansar.

Imaginemos que una vez que los árboles en los que ha de reposar la hamaca han alcanzado el tamaño adecuado, ésta se instala, y al tratar de ser utilizada por el individuo, las cuerdas que unen la hamaca a los árboles ceden, ésta cae, y junto con ella también el individuo. En este escenario, formulo las mismas preguntas que líneas arriba: ¿al contar con las instalaciones deseadas, el personaje habrá satisfecho su necesidad?, ¿podrá sentir bienestar o deleite en el uso de esas instalaciones?, ¿se habrá producido un impacto positivo en su vida? Si las respuestas son negativas, estamos en aptitud de entender que ni siquiera la entrega de la prestación (bien, servicio u obra entregada por el contratista) asegura que la necesidad pública se haya satisfecho y que en consecuencia la actuación del Estado haya producido valor público.

Así pues, a la luz del ejemplo precedente hago hincapié en que la medida del valor público es el cambio positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos producto de la intervención estatal con la provisión de prestaciones tales como salud pública, servicios de saneamiento, seguridad ciudadana, administración de justicia, vías de comunicación, educación, defensa, etc., todas las cuales demandan diferentes bienes, servicios u obras para su materialización, siendo precisamente esta la importancia de gestionar las contrataciones del Estado con la óptica del valor público.

En tal sentido, la contratación pública habrá cumplido su finalidad no con el otorgamiento de la buena pro, tampoco con la suscripción del contrato, y ni siquiera con la entrega de la prestación a cargo del contratista, sino cuando producto de dicha prestación se produce un cambio positivo en la vida de la ciudadanía, esto es generar valor público.

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